Fuente: José Iglesias
El poder no tiene memoria, sólo promesas
Tiempos de promesas y euforia
Al poco de llegar Bildu Euskal Herria al poder, [1] especialmente con la fuerte entrada en las corporaciones municipales, leíamos con satisfacción el anuncio de “impulsar un debate en las Juntas Generales sobre la necesidad y viabilidad de implantar una prestación universal, individual e incondicional denominada Renta Básica de Ciudadanía (RBC).[2] Una renta destinada a garantizar unos mínimos para el derecho a la existencia, que sustituiría a otras prestaciones y pensiones, y que acarrearía una reordenación de los recursos actuales, [a sabiendas de que puede] despertar asombro por ser rupturista y muy ambiciosa, [pero que] es totalmente razonable”. [3]
Las razones que apuntaba Bildu para su implantación era la “constatación del incremento exponencial de la pobreza en el actual contexto de crisis y recortes, así como de la insuficiencia del actual sistema de prestaciones condicionadas, más aún tras las modificaciones previstas por el Gobierno Vasco, con el apoyo del PP, en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), las cuales, según sus estimaciones, supondrían la exclusión de unos 600 guipuzcoanos cada año”. Además añadía que “si tras su análisis este territorio concluyera que dicha Renta Básica de Ciudadanía es necesaria y además viable, la Diputación trasladaría su propuesta a otras administraciones, como la vasca y la estatal”.[4]
En la Comunidad de Euskal Herria se dan, entre otros, tres factores que hacen posible la implantación de una Renta Básica: [5] 1) Se trata de una de la Comunidades del estado español con mayor capacidad de producir riqueza; 2) la población vasca cuenta con una fuerte cultura de lucha; y 3) el poder municipal con que cuenta Bildu es inimaginable en otros lugares del territorio español. Tres factores que colectivos de izquierdas de comunidades pobres como Extremadura, en estos momentos inmersos en el proceso de una ILP por la Renta Básica,[6] no disponen, y sin embargo asumen esta reivindicación con las fuerzas sociales que cuentan:
§ 1. Riqueza. “Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal del año 2009, la primera posición la ocupa País Vasco, con 30.683 euros por habitante, seguida de Comunidad de Madrid, con 30.142 euros, la Comunidad Foral de Navarra, con 29.495 euros y Cataluña, con 26.863 euros. Extremadura, con 16.590 euros por habitante, y Andalucía, con 17.498, son las comunidades autónomas que cierran la lista. La media nacional se situó en 22.946 euros y la de la Unión Europea en 23.546 euros por habitante”.[7]
§ Capacidad de convocatoria. El voto conseguido por Bildu, o de EA-Alternatiba, dan una pauta de la fuerza política que disponen en estos momentos para concitar apoyos a sus programas.
§ 3. Poder municipal. Según los resultados de las elecciones municipales del 2011, Bildu era votado por 276.134 personas, lo que suponía un 25,1 del electorado. Esto le daba 953 concejales, un 36,3% de todos los ediles y la posibilidad de nombrar 96 alcaldes, un 38,2%, de los cuales 74 pueden gobernar con mayoría absoluta. Pero el poder municipal es mayor al alcanzar Bildu Eusko Alkartasuna y Alternatiba acuerdos con otras formaciones, como el PNV; lo que permite la presencia de la coalición izquierda abertzale en 106 consistorios.
PARA LEER EL ARTÍCULO COMPLETO, VER LA VERSIÓN ADJUNTA EN PDF >>>>>
[2] En Euskadi, la antigua renta básica, un modelo de renta mínima de inserción, ha pasado a llamarse Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.