DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

1. Sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. Un poco de historia

Durante la década de los años 90 y la presente década, varias conferencias internacionales celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas1 llamaron la atención sobre las necesidades de la mujer y la adolescente, en particular sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena en 1993, produce un cambio fundamental de la teoría de los derechos humanos, aceptándose por primera vez que estos pueden disfrutarse tanto en el   ámbito   público   como   en   privado, y por lo tanto pueden violarse en ambos espacios.

Un año después, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo  en  1994, gobiernos  de  179 países acordaron un Programa de Acción que asignó a la salud sexual y reproductiva y sus derechos relacionados una importancia fundamental  para  el  desarrollo  de los pueblos reconociendo que los derechos sexuales y derechos reproductivos eran derechos humanos.

Las siguientes conferencias celebradas, especialmente la Cuarta Conferencia sobre la Mujer de Beijing, (CCMM) de 1995, la revisión de los cinco años de la CIPD (CIPD +5, Nueva York, 1999), la CCMM (CCMM + 5, Nueva York, 2000), y los períodos extraordinarios de sesiones de   la   Asamblea   General   de   las

• 2 de septiembre de 1990 Entra en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño.
• 29 a 30 de septiembre de 1990 El UNICEF convoca la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, a la que asisten 71 jefes de Estado y de Gobierno. Se adopta un plan de acción.
• Junio de 1992 Se celebra en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la “Cumbre para la Tierra”. Asisten los líderes de más de 100 países, convirtiéndola en la mayor reunión intergubernamental de la historia. Da lugar a la creación del Programa 21, un plan de acción para el desarrollo sostenible.
• Junio de 1993 Se celebra en Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que conmemora el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1993).
• 5 a 15 de septiembre de 1994 Se celebra en El Cairo la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo a la que asisten representantes de 179 países y en la que intervienen 249 oradores. La Conferencia tiene como temas generales la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible.
• Marzo de 1995 La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, una de las mayores reuniones de líderes mundiales de la historia, se reúne en Copenhague para renovar el compromiso de la lucha contra la pobreza, el desempleo y la exclusión social.
• Septiembre de 1995 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se reúne en Beijing para continuar con las campañas de consolidación de la situación de la mujer en todo el mundo.
• 18 de julio de 1998 Se establece la Corte Penal Internacional en Roma. Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (Nueva York, 2001) y Niños (Nueva York, 2002), ofrecieron oportunidades para fortalecer y avanzar los compromisos adoptados en El Cairo.

Durante los últimos años, el mundo avanzó con pasos gigantescos al reconocer el aspecto central que constituye la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos en un empeño global de promover el desarrollo, reducir la pobreza y fortalecer las sociedades.

2. Avances en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe no sólo participó en las Conferencias mencionadas, sino que desde el primer momento asumió un liderazgo internacional en el reconocimiento, promoción y protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos, a través, fundamentalmente, de las organizaciones feministas de la región.

En el contexto latinoamericano, caracterizado por las políticas de ajuste estructural, el fin de la guerra fría, la caída de las dictaduras y el cese, en general, de los conflictos armados, la ascensión al poder de gobiernos de derecha alineados totalmente con la política de Estados Unidos, y las profundas desigualdades sociales que excluían a gran parte de la población de cualquier condición de bienestar, las organizaciones feministas enarbolaron la bandera de los derechos sexuales y derechos reproductivos trascendiendo su caracterización desde una cuestión de salud para pasar a colocar estos derechos en el marco de la lucha por la ciudadanía y la profundización de la democracia.

Desde el mensaje de que lo personal es político, el movimiento de derechos colocó en el escenario público  la  situación  por  la  que  atravesaban  las  mujeres  y  otros  grupos  excluidos.  Las  mujeres visibilizaron la violencia que sufrían en el interior de las familias y las dificultades para tomar decisiones autónomas que tenían que ver con su vida y su cuerpo.

En  este  análisis,  identificaron al  Estado  Patriarcal  como  el  sistema  de  opresión  al  que  había  que combatir, denunciando que sin los derechos de las mujeres, no existía la verdadera democracia, que los cuerpos de las mujeres no pertenecían ni a la iglesia, ni al estado, ni al varón; y que la discriminación histórica que estaban sufriendo se encontraba amparada por leyes y políticas públicas hechas por hombres y para el privilegio de los hombres. Había que desmontar el sistema de opresión y, para ello, había que denunciar el papel que jugaban las instituciones que tradicionalmente mantenían la discriminación: la Iglesia, el Estado, la Familia. Nada más y nada menos.

En esta lucha, no sólo bastaba que tuvieran la razón. El avance de los derechos humanos en el ámb ito internacional se convirtió en el paraguas ético y legal que protegía sus demandas y obligaba a los Estados a un cambio de rumbo. A una revisión de sus leyes y sus prácticas. Así, las Conferencias Internacionales y los diversos tratados de derechos humanos a nivel regional y de las Naciones Unidas les dotaron de instrumentos para la exigibilidad a los Estados, aunque aún falte mucho para que la justiciabilidad sea una realidad.

Con todo, las organizaciones feministas de la región, en alianza con otros movimientos de derechos humanos como el GLBT, las ONG internacionales, los organismos de Naciones Unidas y algunas Agencias de Cooperación Internacional, fueron logrando grandes avances en el terreo regional y nacional. En 1994 se logró promulgar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada Convención de Belém do Pará. A partir de esta Convención, los Estados de la región comenzaron a sancionar leyes que abordaban este problema, aunque con muchísimas carencias en cuanto a los recursos necesarios, la reparación de las supervivientes y la lucha contra la impunidad de los agresores.

También se lograron, en la mayoría de los países, leyes y políticas públicas que abordaban la mortalidad materna, el acceso a educación sexual, el embarazo no deseado, la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo las que provocan el cáncer de cuello uterino y el Vih. Aparecieron leyes para avanzar en la paridad en el acceso a la representación política, en la propiedad de la tierra o el acceso a la educación. Se crearon mecanismos gubernamentales para el avance de la mujer y se consiguió la promulgación de leyes y políticas que prohibían la discriminación por sexo o género, incluyendo en el interior de las familias.

A pesar de estos avances, la agenda regional siempre tuvo momentos difíciles en lo que se refiere a la cuestión del aborto, la anticoncepción de emergencia (AE) o los derechos de las personas GLBT.

Desde el movimiento de derechos, ya en esta década, en noviembre de 2002 se elabora el Primer Manifiesto “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas” de la Campaña por una Convención Interamericana de los DSDR, que promovió el debate regional y que, finalmente, en mayo de este año 2010, redacta  la propuesta de Convención articulada, constituyéndose así en un instrumento específico para promover el cambio en la región.

Otros avances se van produciendo. Por citar sólo algunos en esta década, en 2004, las Cámaras de Diputados y Senadores de Bolivia aprueban la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos; en Perú en 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declara responsable a Perú de violar los derechos de una joven de 17 años obligada a alumbrar un feto con malformaciones congénitas; en Colombia en 2006, el Tribunal Constitucional declara legal el aborto en tres supuestos; en Perú, nuevamente, en 2006 el Tribunal Constitucional autoriza la distribución gratuita de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) en los establecimientos de salud pública de todo el país; en 2007, la Asamblea Legislativa del DF despenaliza el aborto; en 2008, las Cámaras de Diputados y Senadores de Uruguay aprueban la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye la Interrupción Voluntaria del Embarazo; en Bolivia, a comienzos de 2009, entra en vigor la Nueva Constitución Política del Estado, que señala en su art. 66 “se garantiza el ejercicio de sus DSDR” y se reconoce la orientación sexual, entre otros avances; en mayo de ese año, el Comité Contra la Tortura de NNUU señala que la prohibición total del aborto por el Estado de Nicaragua es tortura; el mismo día, el Presidente de Honduras Manuel Zelaya veta el Decreto aprobado por el Congreso que prohibía la AE; el año 2009 se cierra con la noticia de que la Asamblea Legislativa del DF aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo ; en este mismo año 2010, Argentina aprueba en julio la Ley Nacional que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo; un mes después, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional el matrimonio homosexual; y en otra declaración histórica, el pasado 13 de octubre el Comité de Derechos Humanos de la ONU califica de “inaceptable”, la penalización absoluta del aborto en El Salvador.

3. Retrocesos en ALC

Sin embargo, estos avances no han sido ni son un camino de rosas. Al mismo tiempo que se producían, diversos movimientos contrarios a los derechos iban blindando las puertas legales, políticas y sociales al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

A modo de ejemplo, y de nuevo sólo en esta década, el 25 de enero de 2000, el entonces Presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán decreta el 25 de marzo “Día del Niño por Nacer”, al que siguen países como República Dominicana (2001), Perú (2002) y Ecuador (2006) sumándose así a otros países de la región que ya lo habían hecho en la década anterior. En 2004, a pesar de que las Cámaras de Diputados y Senadores de Bolivia habían promulgado la Ley sobre DSDR, el Presidente Carlos Mesa la veta tras el movimiento opositor de iglesias católica y evangélica. En 2006, el Tribunal Constitucional de Ecuador prohíbe por completo la venta y comercialización de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia. En octubre de ese año, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la Ley de Derogación al Artículo 165 del Código Penal que permitía el aborto terapéutico. A partir de 2007, tras la despenalización del aborto en México DF, 17 estados mexicanos han modificado sus leyes para prohibirlo totalmente. En abril de 2008, el Tribunal Constitucional de Chile declara inconstitucional la venta, comercialización y distribución de la AE en el sector público de salud. En mayo, junio y agosto, sucesivamente, el denominado “Libro por la vida” recorre Centroamérica, donde el 100% de los parlamentarios de Honduras y El Salvador, y el 50 de los de Guatemala juran que no promoverán ni dejarán avanzar ninguna iniciativa que vaya “contra la vida y la familia”. A finales de ese año 2008, el Presidente de Uruguay Tabaré Vázquez veta la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que había sido aprobada por el Congreso de la República dos días antes y la cual era apoyada por más del 60% de la población. La promulgación en febrero de 2009 de la Nueva Constitución Política del Estado en Bolivia garantiza el ejercicio de los DSDR, sin embargo la oposición consigue que se cierren las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo, al definir el texto que el matrimonio sólo existe entre un hombre y una mujer. En octubre de 2009, en Honduras el presidente de facto Roberto Micheletti prohíbe el uso y comercialización de la Anticoncepción Oral de Emergencia, que había vetado sólo cinco meses antes su derrocado antecesor. Al mismo tiempo, en Perú el Tribunal Constitucional prohíbe la distribución “gratuita” de AE, revocando así su propia sentencia de 2006. Finalmente, en República Dominicana, en enero de este año entra en vigor la Nueva Constitución Política del Estado que blinda toda posibilidad de aborto al reconocer el derecho a la vida “desde la concepción”, sumándose así a los otros seis países de la región en los que se prohíbe el aborto en todas sus  circunstancias, incluyendo para  salvar  la  vida  de  la  mujer  (Chile,  El  Salvador, Haití,  Honduras, Nicaragua y Surinam)2.

4. La oposición a los DSDR

4.1. Las organizaciones antiderechos

Al igual que numerosas organizaciones se han ido fortaleciendo en estos años para avanzar en la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos, lo mismo ha ocurrido en sentido contrario, en especial en la presente década. En la década de los 90, cuando se produjeron las sucesivas Conferencias Internacionales que iban conceptualizando los derechos sexuales y derechos reproductivos, por así decirlo, se tomó por sorpresa a estas organizaciones anti derechos. Sin embargo, al comenzar el nuevo siglo3, con la ascensión al poder de George W. Bush y en el marco de la lucha contra el terrorismo y la defensa de los “valores” occidentales tradicionales se produjo lo que las feministas latinoamericanas denominaron “alianza de los fundamentalismos”4, concepto mediante el que se unieron fundamentalismos de tipo religioso, económico, mediático y político con el objetivo de detener y hacer retroceder los avances en materia de derechos humanos en todo el mundo.

En el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos, se renueva5 la alianza (tras la aniquilación de la teología de la liberación) entre los sectores más conservadores de Estados Unidos, las iglesias evangélicas y la jerarquía católica que se ve reflejada en el aumento espectacular de grupos anti derechos en la región, esta vez con un gran apoyo financiero y una articulación orquestada desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, el estatus especial del Vaticano ante las Naciones Unidas6, el apoyo de corrientes ultraconservadoras de la iglesia católica como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, entre otras; y las organizaciones neo-con de Estados Unidos.

Así, organizaciones anti derechos de signo católico como Human Life International, Population Research Institute7, o evangélicas como CIPROFAM o Coalición Presencia Internacional8, se han diseminado por toda la región en los últimos años, transfiriendo cada vez más recursos financieros y apoyo estratégico y técnico a los grupos locales.

Cuadro 2. Population Research Institute (PRI)

www.pop.org

PRI tiene su sede central en la ciudad de Washington DC. Es una organización de origen católico, fundada en 1989, presente en más de 30 países. Los objetivos de PRI son:

• Ofrecer una visión objetiva sobre la realidad demográfica mundial y disipar el “mito de la sobrep oblación”.
• Defender a las personas y denunciar los abusos contra los derechos humanos en los programas de “planificación familiar”, “salud reproductiva” y otros eufemismos usados para promover el uso de anticonceptivos y el aborto.

• Fortalecer actitudes a favor de los nacimientos y de la familia a nivel mundial, defendiendo la institución familiar y a los niños en toda ocasión.

• Promover programas que ayuden a la gente pobre a ser gestores de su propio desarrollo integral y detener la exportación del a borto, la anticoncepción y la esterilización por parte del gobierno norteamericano con la excusa del control poblacional.

Su metodología de trabajo consiste en realizar investigaciones sobre ONG que reciben fondos del gobierno de Estados Unidos en temas como planificación familiar, salud reproductiva y aborto, de forma que denuncian ante el Congreso de EEUU la “mala” utilización de es os fondos. Con esta estrategia han conseguido en los últimos 10 años “negar el acceso a 790 millones de dólares para el control de la población”. Su objetivo en este sentido es “asfixiar” a las organizaciones internacionales y, sobre todo, locales en su acceso a recursos pa ra promover y defender los derechos sexuales y reproductivos. Además, puesto que esta organización presenta su tr abajo dentro del campo de la salud reproductiva y planificación familiar, ha visto incrementado su presupuesto en los últimos años, optando a las mismas líneas de financiación de los donantes que las organizaciones promotoras de los DSDR, logrando así disminuir los recursos para ellas. En Latinoamérica, tienen oficinas en Brasil, El Salvador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Perú.

Vida Humana Internacional (VHI)

www.vidahumana.org

• Human Life International (HLI) es “la mayor organización internacional provida, profamilia y promujer del mundo”. Fundada en 1981 tiene 99 delegaciones en 80 países. Su misión es luchar contra el aborto, la contracepción, la educación sexual y la ruptura de las familias. En muchos países, HLI es el movimiento “provida”.
• Vida Humana Internacional (VHI) es la Sección de HLI en los países de habla española y trabaja con el movimiento “provida” en 26 países de Latinoamérica, el Caribe y España, así como en los Estados Unidos, donde residen muchas personas hispanohablantes. La sede de VHI está en Miami. Algunas estrategias que VHI utiliza en Latinoamérica son:
• Red Latinoamericana de Sacerdotes y Seminaristas por la Vida de VHI. El objetivo de este espacio es “promover la Cultura de la Vida entre los sacerdotes y los seminaristas diocesanos de América Latina”. Asimismo animar y ayudar a los sacerdotes a “denunciar la diabólica tríada de la educación sexual hedonista, la anticoncepción y el aborto , y las organizaciones de la cultura de la muerte”.
• Red Latinoamericana de Centros de Ayuda a la Mujer (www.camslatinoamerica.org). Su objetivo es ayudar a crear nuevos centros de ayuda a la mujer (para que no aborte) a través de América Latina por medio de la “capacitación, los recursos y el fomento de la colaboración”.
• Otras estrategias tienen que ver con los cursos de capacitación para portavoces y activistas, la incidencia política, el desa rrollo de publicaciones, programas de radio y televisión, materiales educativos, servicio informativo sobre los temas, organización de congr esos, etc.

En el marco de este fortalecimiento, en esta década se comenzaron a celebrar los Congresos Internacionales Provida. El Primer Congreso se celebra en Madrid el 8 de noviembre de 2003   y el objetivo es la articulación y fortalecimiento del movimiento9. En el siguiente Congreso, celebrado en Lima en noviembre de 2005, la Declaración Final afirmaba su intención de crear organismos de vigilancia sobre los promotores de derechos “paso previo a iniciar acciones judiciales, sociales o políticas” contra ellos10. En marzo de 2007, el tercer Congreso Internacional se desarrolla en México y ahí se asume como estrategia el apropiarse del discurso de los derechos humanos para defender sus posiciones 11. El último de estos Congresos Internacionales, celebrado en noviembre de 2009 en Zaragoza, equiparó la situación del aborto con el genocidio nazi (el “Mega genocidio”, lo llamaron) y los crímenes de lesa humanidad, señalando a organizaciones concretas y gobiernos como ejecutores directos de este genocidio y los cuales, por supuesto, debían ser perseguidos12.

Que el movimiento antiderechos está cada vez más articulado, financiado y entrenado es una realidad indudable, sus “éxitos” son visibles en todo el mundo. En estas circunstancias, es necesario conocer sus principales estrategias13  porque, tengámoslo claro, ellos vigilan las nuestras muy de cerca. Las organizaciones antiderechos están desplegando sus actividades en varios escenarios simultáneamente:

el religioso, el mediático / económico, la sociedad civil y el frente político y judicial.

4.1.1.     El frente religioso católico y evangélico

De sobras es conocido que en América Latina la religión cuenta con un papel acusado en todas las esferas de la vida, pero lejos de lo que se puede pensar sobre el predominio de la Iglesia Católica, la realidad es que las distintas iglesias evangélicas están incrementando su base social exponencialmente hasta suponer en la actualidad un 20% de la población latinoamericana (en algunos países como Bolivia, Guatemala y El Salvador se acercan al 40%14). Colegios, hospitales, universidades, además de los miles de lugares para ejercer sus cultos repartidos en cada país de la región son utilizados como medios de propaganda en contra de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

4.1.2.     El frente mediático y económico

Canales de televisión, emisoras de radio, páginas de internet, discográficas, editoriales y  el  poder económico de grandes magnates constituyen un entramado singular con el único objetivo de orientar la opinión pública hacia sus posiciones, instigando contra el aborto, la homosexualidad, la educación sexual, la anticoncepción, la laicidad o la “persecución” que dicen sufrir en todos los países. Amparados en la libertad de expresión, las organizaciones anti derechos pretenden, precisamente, acabar con ella.

El  ataque  sostenido  a  las  personas  y  organizaciones  que  defienden  los  derechos  sexuales  y reproductivos es un ataque contra todos los defensores y defensoras de los derechos humanos. En el frente mediático, las organizaciones anti derechos han desarrollado la estrategia de socavar permanentemente la credibilidad de quienes defienden estos derechos, entre los cuales están 15, por cierto  organizaciones de  derechos  humanos de  reconocido prestigio  como  Amnistía  Internacional, Human Rights Watch y agencias de NNUU, la Unión Europea, el Tribunal Penal Internacional, etc. En fin, todas las que no dicen amén a sus postulados…

Por otra parte, las organizaciones anti derechos recurren a las mismas líneas presupuestarias de las subvenciones públicas que lo hacen las promotoras de los derechos sexuales y reproductivos, aunque con fines totalmente contrarios. Asimismo, influyen políticamente en tomadores de decisión conservadores para que cada vez destinen menos recursos públicos a subvencionar actividades para la promoción y defensa de los derechos, ya no sólo en el campo del aborto, sino también de la salud materna o el Vih Sida. La estrategia en este sentido es clara: ahogar económicamente al movimiento pro derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional e internacional.16

4.1.3.     El frente sociedad civil

Las organizaciones anti derechos afirman que son más de 20.000 diseminadas sólo por América Latina y Europa, principalmente España. La idea es ocupar la calle con demostraciones de fuerza, pero también permear a otras organizaciones sociales de su discurso, en especial organizaciones de las áreas de salud, derecho, educación y periodismo.17 18 19

4.1.4.     El frente político y judicial

El movimiento del “Tea Party” en Estados Unidos no es el inicio de un movimiento político, sino el resultado del activismo anti derechos que se ha venido incrementando en los últimos años. En Estados Unidos ha aflorado como una fuerza partidista. En América Latina y España aún no ha alcanzado esta etapa, pero lo hará si quienes promueven los derechos humanos no hacen nada.

Como ejemplo de lo que puede pasar, en Brasil20 la denominada bancada evangélica se convirtió en la tercera mayor bancada del Congreso en las últimas elecciones de octubre de 2010, con 64 diputados y representando el 12,5% de la Cámara. En Perú, Guatemala y Bolivia existen partidos políticos directamente evangélicos y con poder, siendo la lucha contra los derechos sexuales y derechos reproductivos uno de sus mayores objetivos.

Por otra parte, el 10 de noviembre de 2007 mediante el denominado “Acta de Santiago ” se da inicio al Frente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, que tuvo su última reunión en Madrid en marzo de 2009 en la Universidad San Pablo CEU. En la Declaración, además de conceptualizar lo que significa la vida y comprometerse con ella, los firmantes se comprometen a rechazar todo proyecto de ley o iniciativa que atente contra el concepto de vida y familia que sostienen. Entre los firmantes del Acta, destacan 39 diputados y 15 senadores españoles.21

El último ejemplo es el denominado “Libro por la Vida”, surgido por la organización anti derechos de Honduras y que el 5 de mayo de 2008 hicieron firmar a los 108 parlamentarios del País, llamándolos por lista. Un mes después, en El Salvador también los 84 parlamentarios debieron suscribir el libro. En Guatemala en agosto, 71 de los 158 diputados y diputadas suscribieron el documento.

En lo que respecta a la situación del aborto o de derechos de las personas GLBT, su poder es tal que estos son temas decisivos en cualquier contienda electoral, debiendo los candidatos y candidatas (sean de derecha o izquierda) manifestar públicamente su rechazo a estos temas si quieren tener opciones de victoria, aunque previamente se hayan destacado con una postura progresista, como el último caso con la candidata presidencial brasileña Dilma Rouseff, que debió prometer por escrito que no permitirá el aborto y que recortará una iniciativa legislativa en favor de los homosexuales.22

En cuanto al frente judicial, las organizaciones antiderechos han desarrollado una fuerte estrategia en la región23. Primero, llevando a los tribunales, sobre todo a los Tribunales Supremos o Constitucionales, las políticas públicas o leyes que tengan que ver con los derechos sexuales y reproductivos (la situación de la Anticoncepción de Emergencia es paradigmática) así como a quienes promueven y defienden estas

leyes, ya sean políticos, ONG o medios de comunicación. En muchos países han trabajado para reformar las Constituciones y leyes de los Estados (El Salvador, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana), blindando así la puerta a potenciales avances en el terreno de los derechos al introducir expresiones como el “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural” y la definición constitucional del matrimonio como aquel “entre un hombre y una mujer”.

En conclusión, el fenómeno de las organizaciones anti derechos sexuales y derechos reproductivos está creciendo en toda la región latinoamericana y en todo el mundo. Esto nos presenta un escenario de futuro que debe preocupar a todas las organizaciones que tengan la promoción y defensa de los Derechos Humanos entre sus objetivos. Debemos continuar nuestro trabajo pero también hacer un seguimiento cercano a estas organizaciones. Aunque tan solo sea por precaución…

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1 Ver cuadro 1.

2 Singh S. et al., Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress, Nueva York: Guttmacher Institute, 2009

3  I b r a h i m  W a r d e (2002). Alianza fundada en un malentendido. Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur. N ú m e r o  3 9  – S e p t i e m b r e  2 0 0 2

4 http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/campana/camp_mundo.htm

5  El 29 de marzo de 1994, un grupo de unos 40 representantes de ambas iglesias firmó un acuerdo que se titula: “Evangélicos y Católicos Juntos: La Misión Cristiana en el Tercer Milenio”. En la quinta parte se habló de trabajar juntos para proteger y defender los “derechos humanos” y la libertad religiosa. Se dijo que debería haber más cooperación entre ambas partes para luchar contra el aborto, la eutanasia, la pornografía, la violencia, la destrucción de la familia, la intolerancia religiosa en los medios de comunicación, y la falta de educación moral en los colegios públicos. http://www.pla.net.py/anglicanos/juntos3.htm

6 Sobre este papel del Vaticano, ver el informe: La Iglesia Católica en las Naciones Unidas: un obstáculo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este informe cuestiona la legitimidad del estatus de la Santa Sede como Estado Observador Permanente No-Miembro de las Naciones Unidas e ilustra cómo esta posición ha sido usada para obstruir la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.  http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/pub_bp_iglesia_en_UN.pdf

7 Ver cuadro 2.

8 http://www.coalicionpresencia.com

9   1º Congreso Internacional Provida.  Conclusiones Finales:  “Crear la Fundación Provida Euroamericana, con sede central en Madrid, con el propósito de crear un marco de cooperación permanente y ayudar en la financiación de proyectos de interés común, entre las organizaciones provida de uno y otro lado del Atlántico”.  http://www.prolifeworldcongress.org