12M: OTRO MOTIVO PARA SALIR MAÑANA A LA CALLE

Después de haber negado reiteradamente el copago sanitario, el pasado día 24 de abril aparecía el RD Ley 16/2012 publicado en el BOE. Entre las reformas que contempla, el Gobierno, según el Consejo de Ministros, se pretende un ahorro en Sanidad de más de 7.000 millones de euros. (Puede verse también en PDF | Texto completo del Plan Nacional de Reformas.)

Una de las modificaciones aprobadas en este RD-Ley es el artículo 94 de la Ley 29/2006, que regula la aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. Es decir, se aumenta la aportación de los enfermos por receta incluyendo a los pensionistas. Y con esta aportación, según la memoria económica que acompaña al RD-Ley, se prevé un ahorro de 500 millones de euros.

Cantidad que da para algo más de los cuatro cafés del consejero Echaniz de Castilla La Mancha, salvo que sean los cafelitos largos del secretario de Estado Beteta.

En resumen para trabajadores en activo, con carácter general, el porcentaje de aportación seguirá el siguiente esquema: Un 60 % del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros. Un 50 % del PVP para renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros. Y un 40 % para el resto.

Los pensionistas, que hasta ahora no pagaban nada, deberán pagar un 10 % del PVP. Con las excepciones de aquellos con rentas superiores a 100.000€ que pagarán el 60% y en tratamientos de larga duración, medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, en que se establece un límite máximo mensual en función de la renta: Para rentas inferiores a 18.000 euros se fija un límite máximo de aportación mensual de 8 euros (96 €/año). Rentas entre 18.000 euros y 100.000 euros el máximo serían 18 euros (216 €/año). Y rentas superiores a 100.000 € serían 60 €.

Quedan fuera los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) que seguirán pagando sólo el 30%.

En este Real Decreto se presentan unas cuentas (¿ahorros?) fantásticas que recuerdan el “España va bien”. Por supuesto que sí, pero no para todos igual de bien. Unas cuentas que no sabemos si habrán salido de algún guión de los Simpsom o son aportación de algún experto procedente de Lehman Brothers (firma de reconocida experiencia en quiebras bancarias, para quien todavía no la conozca).

En todo caso, es fácil prever a quién afectarán y cómo. A falta de otra información del gobierno podemos hacer “las cuentas de la vieja”, que no serán tan vistosas como los balances de Lehman Brothers o del FMI pero con seguridad engañan menos.

Con los datos públicos y publicados oficialmente de población (8,8 millones) y gasto farmacéutico. Podemos aplicar estos criterios, por ejemplo, a la factura farmacéutica del año 2010 (por activos: 3.641, 28 millones de euros y por pensionistas: 10.253, 60 millones de euros).

A fin de simplificar los cálculos podemos tomarnos una pequeña licencia: no contabilizamos trabajadores que ganen más de 100 mil euros, ya que no es precisamente un sueldo frecuente, ni el grupo de menor renta + MUFACE; y consideraremos que todos los trabajadores pagan un 50% del precio de la receta, es decir un 10% más de lo que pagaron. Aproximadamente saldría un ahorro de unos 350 millones de euros. Aportación que harán los trabajadores con menores rentas, que como demuestra la epidemiología son los que tienen peor salud.

Siguiendo el cálculo, los pensionistas tendrían que aportar los 150 millones de euros restantes para conseguir el objetivo. En este caso la licencia nos permite dejar fuera al grupo de pensionistas con rentas superiores a 100 mil euros por razones evidentes.

Podemos considerar dos escenarios extremos. El primero, si nos olvidamos de los límites por crónicos y renta, todos pagan el 10% con lo que la recaudación alcanzaría 1.025 millones de euros. En otro extremo, si consideramos a todos los pensionistas en la situación más ventajosa económicamente, es decir, todos son crónicos con rentas inferiores a 18.000 euros, con lo que pagarían sólo hasta el límite de 8€ /mes. (96 €/año/8,8 mill.pensionistas=845 millones de €). La recaudación podría alcanzar más de 800 millones de euros. En resumen, a pagar por los pensionistas: entre más de 800 millones de euros hasta más de 1.000 millones de euros.

Todo esto sin olvidar otros flecos bastante importantes; los que no puedan pagar, los que no reclamen el exceso pagado etc.: Balance final, el sablazo total podría acercarse a los 2000 millones de euros (si no deciden morirse, claro).

El ahorro recaerá en trabajadores y pensionistas enfermos. Pero de ellos los pensionistas aportarán más que los activos y, entre pensionistas, serán los pensionistas con menores rentas los más perjudicados. Así, esta reforma hace que los pensionistas enfermos y con menos recursos sean los que más pagarán.

LA REFORMA ES UNA ESTAFA A LOS PENSIONISTAS MENOS PARA LA MINISTRA DE SANIDAD QUE NUNCA HA TRABAJADO

Podemos señalar dos consecuencias de esta “reforma”. La primera es que representa una estafa a los pensionistas, que ya pagaron en su etapa de actividad laboral, por la asistencia sanitaria igual que por su pensión. Lógicamente esto puede pasar desapercibido a la ministra Mato de Sanidad, uno de los cuatro ministros del gobierno Rajoy que nunca ha trabajado.

La segunda será la repercusión en las tasas de morbilidad y mortalidad. Las tasas naturales de mortalidad en estas edades harán que esta consecuencia no sea tan visible como ya se está viendo la relación entre las reformas laborales y económicas y las tasas de suicidio, que se producen en trabajadores en activo.

Resulta sorprendente ver a distintos cargos y representantes políticos del Partido Popular que, como marmolillos, siguen negando el copago. Quizás con esas “mentirijillas” pretenden desviar la atención al gran fraude que supone cargar el ahorro sobre los pensionistas más enfermos y con menos recursos económicos.

“Lo llaman reformas, pero son ocurrencias, lisa y llanamente; sin fundamento científico, sin orden ni concierto, sin considerar el impacto ni en salud, ni en enfermedad, ni en la muerte”