Me he estado asesorando sobre la llamada “factura informativa“, el documento sobre lo que cuesta un tratamiento en la sanidad pública que el gobierno madrileño va a entregar a los usuarios para “concienciarles” de lo caro que resulta utilizarlo. No tiene mucho sentido que un paciente del barrio de, por ejemplo, Orcasitas reciba una factura en la que se le diga que su tratamiento de oncología alcanza la suma de 120.000 € , llegado el caso. En España el paciente solo puede elegir directamente la petición de una cita con su médico de cabecera (o pediatra) o ir a Urgencias de un hospital. No hay acceso directo al especialista (como en otros paises europeos). Tampoco parece que el paciente pueda decidir él mismo si se hace una colonoscopia o una resonancia magnética.
El gasto sanitario lo realiza el facultativo, que es el que prescribe y el que indica la intervención, ¿entonces para qué tanto afan en explicarle a la gente el precio de las intervenciones quirúrgicas? Si alguien lo quiere saber, cada Comunidad Autónoma publica los precios anualmente del valor de cada intervención (de cara a conciertos…).
Hay colectivos de profesionales sanitarios como Cas Madrid que piensan que la factura sombra forma parte de una estrategia para ir “convenciendo” a la población de lo cara que es la sanidad y que es necesario volver a pagarla en el momento del uso (repago).
Si están tan preocupados con el gasto (muy inferior a la media europa de los 15), que metan mano y racionalicen el gasto en farmacia (compras centralizadas, entrega de medicamentos en los propios centros de salud, etc). Si continúan preocupados que hagan una campaña de facturas sombra indicándonos cuanto cuestan los asesores, las fragatas, los gastos de los políticos, los policiales, los del Ejército y demás inversiones secundarias.
¿Para cuando una ley de transparencia que nos permita conocer en qué gastan los políticos nuestro dinero?
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