Los Presupuestos Generales para 2013 que fueron aprobados a finales de diciembre pasado, constatan con toda claridad que el Estado ya no necesita a los trabajador@s, ni a los presentes, ni a los futuros.
Para hacer frente a una subida de más de un 33% de la partida destinada a pagar los intereses de la deuda, el gobierno no ha dudado en practicar profundos recortes presupuestarios en sanidad, educación, prestaciones por desempleo o servicios sociales, junto a la congelación de las pensiones, que configuran un sombrío panorama para aquellos que no podemos -ni queremos, ni estamos dispuestos- a pagarnos un seguro médico privado, una educación privada o un plan de pensiones.
Una buena parte de los casi seis millones de parados de este país no volverá a encontrar trabajo asalariado en años. Y si no van a volver a trabajar, porque son mano de obra sobrante, ¿para qué entonces va a gastar el Estado dinero en mantener a esos trabajadores sanos? Si enferman, pueden sustituirse sin coste alguno, y probablemente, por otros más baratos. Los niños que ahora van a la escuela pública, según los cálculos del gobierno, tampoco conseguirán en el futuro un trabajo cualificado ya que están destinados a ser esa mano de obra barata e intercambiable. ¿Para qué entonces gastar dinero en su educación? Lo único que necesitan saber esos niños es obedecer y someterse al poder establecido. ¿Para qué pagar prestaciones por desempleo si los desempleados no se ven en las calles, si no se organizan, si no son un problema social? Y lo mismo cabe decir de las pensiones y de otras muchas prestaciones que menguan o desaparecen en cada reforma y en cada ley de presupuestos.
Todo este dinero, en vez de redistribuirse en la sociedad, está siendo utilizado para rescatar a los bancos y pagar los intereses de la deuda a los inversores nacionales y extranjeros. Es decir, para hacer más ricos a los ricos. Y la función que cumplen todos esos servicios públicos que se desmantelan, se entrega también al sector privado: sólo tendrán acceso a la sanidad, la educación o las pensiones aquellas que puedan pagárselo. Todo esto nos aboca a un sistema diseñado para que la lucha social no sea de los de abajo contra los de arriba, sino de los de abajo contra sus iguales; por conseguir un puesto de trabajo, por conseguir algún dinero para sobrevivir o simplemente para acceder a la beneficencia en la que se convertirán los servicios públicos.
Ante esta situación, ahora nos toca a nosotros, a los trabajadores, demostrar que podemos hacer otra cosa; que podemos forzar que se invierta este robo de derechos del que somos víctimas. Nos toca demostrar que podemos poner las bases de una sociedad diferente, de una economía y unos derechos diferentes. Para ello, todos los que somos material sobrante del estado neoliberal tenemos que unirnos y organizarnos. Y tenemos que estar en la calle, no defendiendo intereses parciales o corporativos, sino defendiéndonos como pueblo frente a unos poderes políticos y económicos que son literalmente criminales. Frente al ‘sálvese quien pueda’ al que nos condena el Estado, solo queda la solidaridad como respuesta. Y ese es nuestro auténtico reto: ser capaces de promover la solidaridad y el apoyo mutuo en una sociedad que todavía piensa en clave individualista.
Este escenario no puede ser otro que lanzarnos a la lucha en todos los campos que podamos abarcar; promover la organización social en barrios, pueblos, fábricas y campos. Mostrar a la sociedad que la solidaridad existe y que se puede sentir, palpar y contagiar. Seguir trasladando nuestro discurso a la práctica, como hacemos en el día a día.
Si algún día somos capaces de hacerle saber al Estado que somos nosotros quienes no le necesitamos, entonces, nada volverá a ser igual.
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