Lo explicaba muy bien este domingo el profesor Luis Garicano en un artículo en el País. Un sorprendente dato de inflación mucho menos al esperado permitía al Gobierno aplicar un recorte mucho más cosmético a la subida de las pensiones.
En una época en la que parece que todo vale y que más que nunca las leyes y las regulaciones parecen hechas a medida a unos pocos en detrimento del resto de ciudadanos ya nada nos debe sorprender.
Desde el 15 de octubre el precio de la gasolina eurosuper de 95 octanos bajó como media un 6,5% en la zona euro, mientras que la caída en España fue más del doble, el 13,5%. La gasolina diésel cayó el 8,1% en España, frente al 3,7% en la zona euro. ¿Por qué este excelente comportamiento si los precios de la materia prima son fijados en mercados internacionales y no hubo cambios en los impuestos?
Casualidades de la vida:
La mejora de España empieza a evaporarse a la semana siguiente: la gasolina eurosuper subió un 0,3% en España, mientras que en Europa bajaba un 1,7%.
Cómo apunta Garicano la mayor bajada del precio de la gasolina en España, sin cambios impositivos de por medio, sólo puede obedecer a una causa. Los principales actores del sector, es decir el cartel energético formado por un par de empresas que domina el mercado de los combustibles en nuestro país, decidió reducir márgenes.
Si os preguntáis cómo es posible que unas empresas que controlan el mercado decidan bajar precios, tal como apunta Garicano, la respuesta viene de manos de nuestro Gobierno.
José Manuel Soria, dio su respuesta en una entrevista en televisión: sin rubor, explicaba a su entrevistadora que había llamado a las compañías petroleras para que “arrimaran el hombro”, porque si no tenía listo un decreto que sería mucho peor para ellas.
Estamos en épocas turbulentas, y aquí, en pena crisis, se está haciendo y deshaciendo con total impunidad. Se presiona a empresas privadas para que acuerden fijar precios con tal de rebajar la factura de las pensiones y no parezca una decisión política, cuando lo que tendría que evitarse o sancionarse para el bien de todos es que existiera un cartel energético.
Se inyectan miles de millones de euros a la banca, para acabar reduciendo el número de entidades financieras a una fracción de lo que era y crear otro supra cartel.
Se regalan entidades, Banco de Valencia a CaixaBank o CAM a Sabadell, inyectando miles de millones de euros, y asumiendo el grueso de las futuras pérdidas en activos problemáticos, cuando quizás alguién debería explicar cuando costaban otras alternativas como pudiera ser liquidarlas o que los tenedores de deuda senior fueran los que pagaran parte de la factura.
A cambio se crea también un banco malo, con el dinero de todos, en el que los únicos que parecen dispuestos a aportar una pequeña parte del capital són los principales actores del sector implicado.
Se encargan tes de estrés que cuestan más de 30 millones de euros, para que a las primeras de cambio la realidad supere todas las previsiones.
Y quizás lo peor de todo, es que en lugar de empezar a gestionar bien la “cosa” pública de una vez por todas, se opta por cercenar derechos fundamentales como puede ser el derecho a acceder a la justicia (lo de las tasas judiciales tal como está establecido hoy en día es una auténtica salvajada) o cambiar el concepto de sanidad universal por el concepto de sanidad por asegurado, que igual ahora no nos parece muy grabe porque básicamente afecta a los sin papeles, pero que es un cambio mucho más profundo de lo que parece y sino tiempo al tiempo.
A falta de políticos capacitados para gestionar parece que se está optando directamente por hacer retroceder al país a los años 70 y que queréis que os diga esa no es la mejor vía para salir de la crisis.
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