SANIDAD 100X100 PUBLICA

A las 18:30, Manifestación LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

Las medidas de desmantelamiento y privatización anunciadas por el gobierno regional del PP solo son posibles gracias a la Ley 15/97 (aprobada por PP, PSOE, CiU, PNV y CC), que permite que cualquier centro sanitario o socio-sanitario pueda ser gestionado y traspasado a empresas privadas, tal como confirmó el T.S.J. de Valencia (“el soporte legal a la concesión administrativa de Alzira vendría dado por la Ley 15/1997”). 

Hasta ahora, Comunidades Autónomas de diferente signo político han venido “aprovechando” las posibilidades que ofrece esta Ley para privatizar bajo el paraguas del eufemismo “colaboración público-privada”. Así el PP ha utilizado este sistema de forma masiva en la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Galicia y Castilla León, mientras que el PSOE lo ha aplicado, con apoyo de sus socios de “izquierdas” en Cataluña y Baleares.

Además, durante las anteriores dos legislaturas -casi 8 años de mayoría- el PSOE, aun viendo lo que el PP hacía en Madrid y Valencia,  mantuvo la ley en vigor e hizo oídos sordos a numerosas y multitudinarias movilizaciones; ni siquiera ninguno de sus tres ministros de sanidad durante ese periodo, se molesto en recibir a las organizaciones que presentamos 500.000 firmas en el Congreso pidiendo la derogación de la 15/97.

Por otra parte, el Estatuto Marco del personal al servicio del SNS, Ley 55/2003, (en cuya elaboración participaron entre otros, sindicatos subvencionados del sector sanitario), introdujo la figura de los Planes de Reordenación de Recursos Humanos, que permiten, entre otras cosas,  traslados forzosos masivos de personal de los centros públicos para vaciarlos de empleados públicos y cedérselos a las empresas privadas (Pontones y Quintana son el ejemplo).

Ante el anuncio de miles de despidos; privatización de la gestión sanitaria de los hospitales modelo PFI(no se privatizan ahora, ya estaban privatizados antes de su inauguración), modelo que en un principio solo afecto al personal no sanitario y a parte del sanitario (laboratorios, diagnostico por la imagen); externalizaciones de servicios no sanitarios; fusiones de servicios clínicos; privatización de centros de atención primaria; introducción del euro por receta; desmantelamiento de La Princesa y el Carlos III, etc., corremos el riesgo de perseguir la zanahoria que nos enseñan y olvidar el verdadero fondo del asunto: las causas que permiten la privatización, la Ley que la posibilita, sus responsables por acción u omisión y el negocio que persigue.

Todas estas medidas son un paso más en el plan, perfectamente planificado y en marcha desde hace años (1991, Informe Abril Martorell), para desmantelar el sistema sanitario, privatizar las partes rentables, empujar a los sectores de población que puedan pagárselo hacia los seguros privados, e ir conformando con los restos un sistema de baja calidad, similar a los antiguos de beneficencia para el resto de población: trabajadores, parados y excluidos, al tiempo que se inicia la exclusión de los más desfavorecidos, los inmigrantes sin papeles.

En este momento están surgiendo propuestas de lucha genéricas en “defensa de la sanidad pública”, solo contra los recortes, e incluso  reclamando que los hospitales de modelo PFI se mantengan como hasta ahora (olvidando las repercusiones que este modelo privado tiene en usuarios y trabajadores); reclamando una “falsa unidad” que pasa por un pacto de silencio que oculte a la población y los trabajadores las causas y los responsables de la privatización y su connivencia con el capital privado; así como quienes han votado, mantenido y/o callado, su herramienta fundamental: la Ley 15/97.

No debemos entrar en este juego, la unidad es deseable, pero en base a actuar sobre las causas de la privatización, no solo sobre los síntomas. Hacemos un llamamiento a organizarse en cada barrio y pueblo en defensa del sistema público de salud. Solo si se articula una alianza entre trabajadores del sistema sanitario y población para poner en marcha un proceso continuado de movilizaciones, podremos frenarlo. Este plan debe incluir la reivindicación de la puesta en marcha de mecanismos de gestión democrática por parte de los propios usuarios y los trabajadores de los centros: nunca más los centros en manos de políticos y empresas.

Sanidad para todos, sin exclusiones