LA AVT Y SU DOBLE JUEGO….POLÍTICO

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha tachado como una “humillación” la decisión del Gobierno vasco de reconocer a los militantes de ETA Ángel Otaegi y Juan Paredes “Txiki” como víctimas políticas, lo que supondrá para las familias de los fallecidos una indemnización de 135.000 euros.

En un comunicado, la AVT ha condenado esta decisión que “institucionaliza de la manera más cruel la estrategia de ETA, inventándose una categoría de víctimas que se contraponga a las víctimas del terrorismo”.

Todo ello después de que el Gobierno vasco en funciones dictaminase esta misma semana que Ángel Otaegi y Juan Paredes “Txiki”, los miembros de ETA muertos en los últimos fusilamientos del régimen franquista junto a tres miembros del FRAP, son las dos primeras víctimas de la violencia de origen político entre 1960 y 1978.

Para la asociación que preside Ángeles Pedraza, el fallo adoptado por el Ejecutivo vasco supone “un ataque a la dignidad de las víctimas del terrorismo y un insulto a la verdad”, por lo que ha pedido al Gobierno central que tome las medidas oportunas para frenar esta medida que “blanquea la trayectoria terrorista”. Solo le ha faltado decir que se merecieron ser fusilados y que el gobierno de Franco hizo lo correcto ajusticiando a estos “terroristas”.

Así, se ha preguntado hasta dónde van a llegar las instituciones y políticos “con tal de contentar a ETA y hacer el borrón y cuenta nueva que tanto desean”.

Según la asociación de víctimas, estos reconocimientos se han realizado en base a los dictámenes de una supuesta Comisión y al margen de lo fijado por los tribunales, lo que se traduce como un “menoscabo de la Justicia”. Para ellos, claro, la justicia buena era la franquista, la que fusilaba a luchadores por la libertad y dotó luego de impunidad a los militares, policías y guardias civiles que tanto dolor y sufrimiento causaron durante la dictadura, instituciones con las que esta asociación tiene profundas relaciones.

La decisión de este reconocimiento ha sido tomada por la comisión creada por el Parlamento y el Gobierno vascos para la evaluación de las víctimas de violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política, que ha hecho públicos en Bilbao sus primeros dictámenes, en los que se han aprobado ocho solicitudes y han rechazado tres.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.