La situación de la educación en España cada día está peor. Menos ayudas y becas de estudio, para comedores, para transporte escolar. Cada vez más alumnos en las aulas y menos profesoras y profesores para atenderles. Programas de refuerzo suprimidos, salarios disminuidos y eliminación de la capacidad de la comunidad educativa en la toma de decisiones dentro de los centros.
A esto se suman nuevos recortes conocidos hace pocos días que han hecho bajar la inversión a cifras de hace un lustro. Sin contar el recorte producido por el Real Decreto 14/2012 que supondrá unos 3.500 millones de euros menos solo en este año, desde el comienzo de la crisis se han perdido unos 2.000 millones más.
Los interinos han desaparecido de muchos centros, ya no se hacen oposiciones, ni siquiera para cubrir el máximo legal establecido del 10% de las jubilaciones. Hasta hace pocos años se hablaba del problema que tendría España en unos años debido a la alta edad de sus docentes. Ya no importa, no habrá siquiera docentes en unos años.
Además de esto, llega la nueva ley de educación, que en muchos sentidos devuelve el sistema educativo a tiempos anteriores a la “democracia” estableciendo reválidas que supondrán más y más dificultades para aquellas personas que más necesitan, precisamente, de apoyo y refuerzo en sus estudios.
Una ley que deja huecos y sin funciones reales a los consejos escolares de los centros, eliminando uno de los pocos espacios de democracia que existían. Las familias ya no tendrán nada que decir. Una ley que, además, abre la puerta a la firma de conciertos educativos que segregan a sus alumnos en función de su sexo, lo que abundará en el enriquecimiento de ciertas empresas privadas y en el mantenimiento de los roles de género, todo ello con el dinero de toda la sociedad.
Una ley que en vez de ofrecer flexibilidad a los alumnos para que entren y salgan del sistema, para que no se les cierren puertas, les impondrá vías muertas de escasa cualificación que les envíen directamente a una FP que se queda sin recursos. Y que, además, suprimirá cualquier opción de optatividad para dar más horas de Lengua, Matemáticas y Ciencias.
Y todo ello, como reza su preámbulo porque: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de nivel de prosperidad de un país”.
Todas estas razones y muchas otras más han empujado a sindicatos de estudiantes, asociaciones de madres y padres, así como a trabajadores y muchos otros sectores de la sociedad civil a protestar. Durante toda esta semana el Sindicato de Estudiantes, de la mano de Ceapa y de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública han puesto en marcha huelgas de estudiantes de 72 horas, movilizaciones y una manifestación mañana jueves 18 de octubre. A las 18.30 desde Neptuno.
Es el momento de salir a la calle a defender los servicios públicos básicos que intentan limar las diferencias de partida de las ciudadanas y ciudadanos. No es momento de quedarse en la calle.
La educación pública no se vende, se defiende.
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