El Consejo de Administración actual del Canal de Isabel II incluye a representantes de Ayuntamientos (20%), del Estado (10%), de la Comunidad Autónoma de Madrid (60%) y a trabajadores del Canal (10%).
Según los planes de privatización del Canal de Isabel II, impuestos unilateralmente por el Partido Popular, se pretende constituir una Sociedad Anónima en la que el capital privado podrá acceder al 49% de las acciones. Lo que significa que:
- Una, dos o tres empresas privadas o fondos de inversión, esos predadores, podrán hacerse con el 49% del Canal.
- Y el 51% restante de las acciones se dividirá de la siguiente forma:
- El 31% se lo queda la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Un 10% será para el Ayuntamiento de Madrid.
- Otro 10% se repartirá entre los 178 municipios restantes de la Región.
Dicho en otras palabras, lo que se impone es que las administraciones públicas renuncien a su actual derecho a decidir cómo y quién realiza la gestión del agua en sus municipios, a cambio de un porcentaje de acciones ridículo que no les permitirá tener peso suficiente en el futuro Consejo de Administración como para poder participar en la toma de decisiones sobre la gestión de la empresa y la gestión del agua.
El hecho de que se mantenga la empresa como ‘formalmente’ pública con el 51% de las acciones, se debe a que:
- Así se exime a la nueva Sociedad Anónima del pago de varios gravámenes.
- En caso de pérdidas o quiebra, será la administración pública quien tenga que hacerse responsable de los cargos.
Además, la nueva Sociedad Anónima, amparada por las leyes mercantiles y el principio de confidencialidad quedará eximida de hacer pública cualquier información económica.
“Privatizando el 49% del Canal, a la gente le suena mejor y nosotros hacemos un negocio redondo”
Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
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