Publicado: Raúl López
EDUCACIÓN:
Las medidas de ajuste harán caer la contratación de docentes el próximo curso | En septiembre habrá 500 interinos menos, según la consellera Irene Rigau | El ministerio paraliza la jubilación de profesores hasta los 75 años.
El plan de ajuste en materia educativa al que están abocadas las comunidades autónomas pasa, sin duda, por contar con menos docentes. Aparte de la reducción de la factura pública de los estudios universitarios a costa del fuerte aumento de las matrículas que pagan las familias, otro puntal del ahorro ha de venir de una disminución de la partida de personal docente (casi medio millón). Se trata no sólo de congelar la convocatoria de empleo público en la enseñanza -como se ha hecho prácticamente en todo el territorio-, sino de reducir de manera significativa los interinos. Así, según la previsión de restricción de gasto realizada por el ministerio, en septiembre el curso arrancará con una plantilla de, como mínimo, 20.000 maestros y profesores menos.
El cálculo se basa en una referencia aportada en varias ocasiones por el propio ministro José Ignacio Wert, según la cual el salario medio de un docente en España rondaría los 40.000 euros. Así, tan sólo con la implantación el próximo curso del aumento de las horas lectivas para las enseñanzas no universitarias, el Estado prevé un ahorro de 840 millones de euros. A partir de septiembre, el tiempo dedicado a dar clase será de un mínimo de 25 horas en primaria (hasta ahora era el máximo) y de 20 en secundaria (antes, entre 18 y 21 de máximo).
Wert ha descalificado en público las previsiones sindicales sobre la destrucción de puestos de trabajo, tildándolas de irreales. Los representantes sindicales han hablado de que está en peligro el trabajo de hasta 100.000 interinos. Ayer mismo, en una entrevista a Efe, el ministro insistió en que si fueran ciertas esas previsiones, la reducción de la masa salarial sería de 4.000 millones de euros (por encima de los 3.988 millones anunciados en los últimos días que la administración pretende ahorrar al año con todas las medidas de ajuste para la enseñanza universitaria y no universitaria).
Con todo, la cifra de docentes afectados por los recortes puede aún superar los 20.000 porque este cálculo no contempla el impacto del aumento de la ratio alumos por aula (el Gobierno de Mariano Rajoy ha cifrado la reducción en otros 615 millones) ni el retraso al cubrir las bajas de los tres días actuales hasta los diez laborales (es decir, dos semanas).
Hace apenas unos días, la consellera Irene Rigau calculó que la aplicación de estas medidas para la educación no universitaria en Catalunya conllevará la pérdida de trabajo para 500 interinos.
El ministerio calcula además que la subida de las tasas universitarias de hasta el 66% -que ha de modular cada comunidad autónoma, dentro de la horquilla fijada por el Estado de entre el 15% y 25% del coste total de los estudios- represente 1.760 millones de euros menos en transferencias. Todas estas medidas -y algunos detalles más- están recogidos en el programa de estabilidad que el Gobierno español envió el lunes a Bruselas. Dentro de la reducción de la partida de personal, figura la congelación del desarrollo reglamentario del aumento de la edad de jubilación de profesores universitarios hasta los 75 años. El Gobierno apuesta por implantar nuevas iniciativas, sugeridas por algunas autonomías, como la eliminación de los complementos de ampliación de jornada y atención continuada y la supresión de actividades extraescolares. También anuncia la reducción de los desdobles y de los programas y aulas de convivencia (diseñadas para luchar contra la conflictividad en la escuela).
SANIDAD:
El coste medio de la manutención de un paciente en un centro médico público en España asciende a 24 euros al día que, en la actualidad, asume de manera íntegra las comunidades autónomas. Una cuarta, Cataluña, es la que más determinación ha mostrado hasta el momento. De hecho, Artur Mas reclamó a principios de abril a Mariano Rajoy que impulsara este recorte en todo el territorio nacional, tal y como ocurre en otros países europeos como Alemania, donde los enfermos aportan diez euros al día, a partir de las primeras 24 horas de hospitalización, para contribuir a su manutención.
Madrid desechó la iniciativa y el Govern, pese a que llegó a incluirla en su plan de ajuste, aún no ha puesto en práctica este gravamen en los servicios de hostelería que se presta en los hospitales.
«Si uno está en casa, se paga la comida y la calefacción, pero si está en un hospital, no paga nada de esto. ¿Por qué ha de ser así? Esto no pasa en otros países, como Alemania, donde se pagan unos 10 euros diarios por manutención tras un ingreso hospitalario», llegó a declarar el pasado 10 de abril el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.
La norma se regiría por el mismo principio de progresividad fiscalque, por ejemplo, ha arbitrado el Gobierno central en el copago farmacéutico. Por lo tanto, quedarían exentos los enfermos crónicos o los de menor poder adquisitivo.
Los interesados plantearon esta cuestión en los prolegómenos del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró el 18 de abril, y en el cónclave que mantuvo Mariano Rajoy con los barones autonómicos en la sede nacional de la madrileña calle Génova.
Ana Mato, ministra de Sanidad, en una conversación informal con periodistas en el Senado, indicó que su departamento no es partidario de aplicar esta medida, aunque recordó que la competencia sobre la hostelería hospitalaria recae de manera exclusiva en las comunidades autónomas y que, por lo tanto, la última palabra sobre este asunto la tienen los gobiernos regionales. Otras fuentes del Ministerio recalcaron que, en cualquier caso, los dirigentes de Castilla-La Mancha, Valencia y Galicia no concretaron si se trataba de una mera idea en estudio o un proyecto en firme.
El Gobierno, por el momento, ha optado por otras vías de ahorro. Tras la publicación en el BOE del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de abril, los pacientes de la Sanidad pública están obligados a desembolsar parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente. Unos productos que, desde entonces, se consideran como «servicios accesorios» sujetos al copago.
La iniciativa también incluye que eventualmente los enfermos sufraguen, al menos parcialmente, todas aquellas prestaciones que no sean estrictamente sanitarias como la limpieza de sábanas y toallas o el mantenimiento de las camas.
«Si una persona está hospitalizada seis, siete, ocho días, tiene una pensión completa y eso en cualquier pensión de cualquier ciudad tiene un coste», explica un alto responsable del Gobierno gallego.
El propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ya avanzó su preferencia de cobrar por cualquier prestación no estrictamente sanitaria, «como ducharse, comer o dormir en los hospitales», para preservar la gratuidad y universalidad de las consultas, pruebas diagnósticas, actividad quirúrgica y material sanitario.
GESTIÓN PRIVADA
La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, había respaldado el copago farmacéutico según la renta de cada ciudadano. De hecho, no cerró la puerta a la posibilidad de implementar una tasa para ciertas consultas médicas, una decisión que dejó en manos de los servicios sanitarios de su región. De momento, se ha decantado por fomentar la gestión privada de hospitales públicos.
Las últimas medidas que ha adoptado la Comunidad Valenciana para ahorrar en Sanidad van en esta misma senda. El Gobierno que preside Alberto Fabra hizo público la semana pasada su proyecto para crear un nuevo modelo del sistema sanitario público, que entrará en vigor en enero de 2013, basado en «intensificar el grado de colaboración público-privada» que ya existe en la externalización de algunos de los servicios no sanitarios, y que permitiría ahorrar unos 443 millones de euros al año.
El nuevo modelo consistirá en la agrupación dentro de cada departamento de salud de los servicios que ya están externalizados para adjudicarlos a entes gestores que llevarán a cabo la planificación de acuerdo con la Conselleria de Sanidad, sin que esto suponga, según la Generalitat, la privatización de los servicios como la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
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