Ante los incidentes acaecidos durante la manifestación contra la reforma laboral el pasado 29 de marzo, el consejero de Interior, Felip Puig, considera que uno de los problemas es que el sistema de seguridad que tenemos “no acaba siendo bastante disuasorio, no hace suficientemente miedo, es demasiado blando para poder imponerse “. Y para reafirmar sus palabras pone un ejemplo: “Todavía se está decidiendo donde se han de juzgar los detenidos por actos violentos a raíz del 15M. Llevamos 9 meses “.
A su entender, pero, además de la legislación, “hemos llegado aquí porque no supimos cortar actitudes que ponían en duda, por ejemplo, la propiedad privada; debemos dejar de reír porque esto empieza a ser grave”. En este sentido, en una entrevista en Els Matins de TV3, ha recordado que Barcelona fue capital del anarquismo a principios del siglo XX, y que sigue teniendo este sustrato.
Además, pese a las terribles imágenes que hemos podido ver a través de internet, con el gaseo masivo a miles de personas, personas que recibieron pelotazos de goma en la cara (al menos uno ha perdido la visión de un ojo), el uso indisriminado de la fuerza contra gente que no hacía absolutamente nada más que observar a la policía, o el conocimiento que se tiene de varios ingresados en el hospital por lesiones gaves causadas por la acción desmedida y brutal de la policía (uno de ellos operado de urgencia después de que un policía le reventase el bazo de una patada, u otro que sufrió la perforación de un pulmón tras recibir un pelotazo en las costillas), el señor Puig no solo no ha criticado la acción de sus policías, si no que les ha dado carta blanca para que lo puedan repetir cada vez que les venga en gana: “Quien lo hace mal son los violentos. La policía siempre está al lado de la democracia, de la gente normal “, ha dicho Puig.
En este contexto, Puig ha augurado que el mes de mayo también “será complicado”, dado que el día 3 hay una reunión del Banco Central Europeo (BCE) en la capital catalana y que se preparan diversos actos conmemorativos del movimiento 15M, surgido hace un año. No obstante, ha asegurado que desde el departamento que dirige intentarán ser más eficaces para evitar nuevo disturbios. “Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas y toda nuestra inteligencia, y las consecuencias de los actos violentos del 29 de marzo son un primer paso para intentar controlar estos eventos en mayo”, sentenció. Esto es: sembrar el terror, mediante la represión, la coacción y la violencia sistemática, para que la gente no pueda salir a la calle a manifestarse en libertad, para que, cohibidos por todo lo ocurrido y las amenazas de este hombre, prefieran que quedarse en casa que salir a manifestarse, dado que, de hacerlo, en caso de que hubiese algún tipo de incidente, e incluso sin haberlo (solo hay que ver las imágenes de la detención el lunes de una persona en silla de ruedas), podrían acabar en la cárcel, en el hospital, o, aún peor, en una tumba (ya el 29M pudo haber alguna muerte perfectamente a consecuencia de la violencia policial, por ejemplo, sin ir más lejos, el chico que tuvo que ser operado de urgencia del bazo).
Así que, si atendemos a la definición que da la RAE y la ciencia política del concepto “terrorismo”, ¿cómo llamaría ustedes a la política que está llevando a cabo el señor Puig desde la consejería de Interior, y que queda perfectamente definida en estas declaraciones llamando sembrar el miedo para disuadir a los manifestante de salir a protestar a la calle?
Información complementaria:
Agencias
El consejero de Interior, Felip Puig, ha anunciado este martes que reforzará la Unidad Central de Información en Orden Público de los Mossos d’Esquadra, destinará 100 efectivos más a los antidisturbios y promoverá medidas restrictivas como las identificaciones preventivas, órdenes de alejamiento y citaciones en comisaría para luchar contra la “guerrilla urbana” que se ha cronificado en Barcelona.
Así, entre otras medidas, quieren pedir reformas en el Código Penal para endurecer las penas y “potenciar la prisión provisional como medida cautelar”, en la línea de la propuesta del Ministerio del Interior.
También reclama reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal modificando la tipificación de algunos delitos y leyes orgánicas como la Ley 9/1983 de Reunión y la 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana para incluir la prohibición de que los manifestantes vayan con la cara tapada y tengan material de riesgo.
Aumentará la cifra de antidisturbios con dos unidades y 100 agentes, más material y se estudiará la instalación de más cámaras de videovigilancia en puntos habituales para estos delincuentes y adquirirá más instrumentos técnicos de grabación de imágenes para recabar todas las pruebas contra los delincuentes.
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