* ¿Por qué, y para quién se privatiza la Sanidad Pública?. ¿A quién beneficia?.
* La preparación del contexto privatizador de los SS.PP.: Informe Abril, Ley 15/97. Una labor de más de 20 años.
* La “crisis” como detonante y justificación de las privatizaciones. Campañas mediáticas que provoquen el “shock”, a fin de atemorizar y resignar a la población para imponer la privatización como final e irreversible.
* Ante estos hechos y por las gravísimas consecuencias que nos pueden traer, afirmamos: que hay vuelta atrás en la privatización. En sus consecuencias inmediatas: los recortes y el deterioro y a largo plazo: la desaparición del Sistema Público de Salud universal y gratuito.
En septiembre de 2011 se hizo público un documento llamado “Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios” en el que se hacían públicas las posturas de distintas organizaciones y cuyo resumen es el siguiente:
– PP, PSOE, CiU, CC, PNV: partidos que aprobaron con sus votos en el Parlamento Estatal, la Ley que permite privatizar la sanidad (15/97 o de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”).
– FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública): critica las privatizaciones en las Comunidades que gobierna el PP y no dice nada en las privatizaciones que ha realizado el PSOE en las Comunidades que ha gobernado y gobierna.
– CCOO: su Federación de Sanidad valoró muy positivamente el consenso alcanzado en el Parlamento sobre las Nuevas Formas de Gestión.
– UGT: no se le conoce una postura clara.
– Sindicatos corporativos de medicina y enfermería: en todo el estado al lado de la Administración.
– Colegios profesionales: no han dado señales de vida.
– Sociedades científicas: subvencionadas por la industria farmacéutica y las administraciones, han guardado un escrupuloso silencio, permaneciendo ajenas al deterioro del sistema.
Por ello, la Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad (RAAS), creada como un espacio de coordinación, entre los diferentes territorios, el día 25 de febrero de 2012 y constituida por organizaciones de distintas CCAA para unificar las luchas que, contra la Privatización de la Sanidad Pública, el co-repago y los recortes, se vienen llevando a cabo en los diferentes territorios, alcanza un acuerdo de mínimos entre sus componentes. Nuestra propuesta, abierta a nuevas aportaciones, y por supuesto a nuevos miembros, es la siguiente:
– Derogación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión.
– Financiación suficiente y finalista.
– No al copago (repago), ni a la implantación de tasas o tiques moderadores.
– No a ninguna nueva Ley de Servicios Básicos que distinga entre prestaciones básicas (las que prestaría el SNS) y complementarias (que precisarían de una póliza privada de seguro).
– No al expolio del Patrimonio de la Seguridad Social, cuyos únicos titulares son los trabajadores.
– Rescate de los centros y servicios ya privatizados/externalizados (y de sus plantillas).
– No a la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados.
– Integración de todas las mutualidades de funcionarios en la sanidad pública (Muface, MUGEJU, ISFAS) y que las Administraciones Públicas tengan prohibido suscribir pólizas colectivas de seguros privados para sus trabajadores.
– Que la información sanitaria sea pública y se democratice la toma de decisiones (participación real de usuarios y trabajadores en la gestión sanitaria).
– Por un sistema de incompatibilidades en el Sistema Nacional de Salud.
– Responsabilidades penales ante toda decisión privatizadora que suponga, por acción u omisión, el deterioro de la Sanidad Pública o que provoque el aumento de la morbilidad/mortalidad en la población.
– Consideramos que las ingentes subvenciones con que las Administraciones Públicas y empresas privadas financian a partidos, sindicatos, asociaciones científicas y profesionales, etc., son el factor fundamental que explica el silencio y la parálisis que desde hace décadas mantienen todas estas organizaciones, ante los procesos de deterioro y privatización de la sanidad. En el caso de las Administraciones Públicas, dichas subvenciones se realizan a cargo del dinero de nuestros impuestos, por tanto, exigimos la anulación de éste tipo de subvenciones con el fin de preservar la independencia de las organizaciones frente al poder.
– El dinero de estas subvenciones debe ser destinado a investigación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y, atención primaria, que deberían ser prioritarias para el Sistema Nacional de Salud.
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