FUENTE Y NOTICIA DE: Isabel Acosta/Prensa

Una primera vía de ajuste adicional que está sobre la mesa es la conversión de subvenciones en créditos, de modo que no computen como gasto. Se trataría de subvenciones de diversas tipologías, desde la innovación y desarrollo (I+D), a las relativas a centros tecnológicos, para equipamientos informáticos en el marco del programa Avanza, y de apoyo al comercio, entre otras.

Crédito y no gasto

En todos los departamentos ministeriales hay alguna línea de éstas, y se lograría aligerar cargas. La única parte que computaría como gasto sería los intereses del crédito. Y está por ver si serían préstamos de la Administración o implicarían al Instituto de Crédito Oficial.

Por otra parte, el mordisco a la dotación ministerial definido para los Presupuestos de 2012 en el 12,5% no será lineal. Ya el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, advertía el lunes que a su cartera se le recorta un 25%. Y no se descarta que se acentúe en otros departamentos. Los más castigados serán aquellos en los que la inversión pública tiene más peso.

Nómina del sector público

En el marco de reducción de la nómina del sector público, dirección en la que se mueve el Gobierno a través de la supresión de entes públicos y duplicidades, si el calendario de ejecución prespuestaria aprieta podría arbitrar medidas que congelen o minoren las retribuciones de los empleados públicos, si no en el salario, en alguno de sus complementos o emolumentos extraordinarios. Reducir el sueldo es una línea roja para el Ejecutivo, nacida de sus compromisos electorales, pero existen actuaciones que minoran la nómina del sector público sin rebajar el salario.

En este sentido, portavoces del colectivo afectado han manifestado a elEconomista, que los 5.000 millones de ajuste extra recuerdan demasiado al decreto de mayo de 2010 que supuso una rebaja de las retribuciones de la plantilla pública. En este sentido, el sindicato de funcionarios CSI-F se cierra en banda y advierte que tiene las espadas en alto: tomará medidas si hay más recortes para los empleados públicos. No les temblará el pulso, dicen.

No más impuestos

Tras la subida impositiva temporal del IRPF aprobada a cierre de 2011 y el alza del IBI, el Gobierno no baraja tocar alguna otra figura tributaria en 2012. Sólo se replantearía esta posibilidad el año que viene si la desviación se torna ingobernable. No en vano, la meta del 3% de déficit para 2013 es inamovible y ahí no hay cesiones posibles. Ayer fue el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien descartó que el ajuste adicional fuerce al Gobierno a subir el IVA “este año”.

Con los 5.000 millones adicionales que debe recortar el Gobierno para cumplir con la consolidación presupuestaria que marca la Unión Europea, el ajuste total que atañe a 2012 asciende a 35.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones ya están en curso con las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros de diciembre, otros 15.000 millones eran la tarea pendiente con el objetivo frustrado del 5,8% y los 5.000 millones extra son la última vuelta de tuerca.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que ese esfuerzo adicional lo asumirá únicamente la Administración Central y subrayó que se deriva de los deberes presupuestarios que no se hicieron antes. Así, critica que los responsables socialistas se asusten ahora por ajustes forzados por el desvío presupuestario heredado de su Ejecutivo.

Información complementaria:

Carlos Sánche/elconfidencial

Sostenía Henry Kissinger que cuando se abre una negociación es un error plantear la discusión poniendo sobre la mesa los principios. Y argumentaba que, en caso contrario, no había posibilidad de llegar a un acuerdo porque ‘los principios no se negocian’. Lo que se negocia, decía el exsecretario de Estado de EEUU, son soluciones a problemas concretos para lograr un objetivo, pero nunca los principios. Y ese fue, precisamente, el planteamiento de Mariano Rajoy hace menos de dos semanas. Tras el último Consejo Europeo, apeló a un principio político -la soberanía española en materia fiscal- para incumplir el objetivo de déficit público pactado para 2012.

Si es verdad que el 5,8% de desequilibrio fiscal formaba parte del perímetro de soberanía española (en lugar del 4,4% pactado), parece evidente que elhaber aceptado un 5,3% vulnera esa misma soberanía. ¿O es que la soberanía se negocia?

Parece obvio que el presidente de Gobierno ha cometido un desliz al aceptarlo –probablemente no había más remedio- cuando hoy por hoy se antoja imposible. O dicho en palabras del director del servicio de estudios de una gran entidad española, “salvo que el Gobierno suba el IVA y los impuestos especiales y, al mismo tiempo, adopte medidas adicionales de carácter discrecional destinadas a reducir el gasto público, bajar el déficit hasta esos niveles va a costar mucho”.

¿Y qué medidas? Pues en su opinión, sólo hay un camino: bajar los salariosde los empleados públicos –124.781 millones de euros en 2010-, presentar ante las magistraturas de trabajo los antiguos expedientes de regulación de empleo (derogados con la nueva legislación laboral) o reducir la jornada(y el salario) de los empleados públicos con contrato indefinido, asegura.

Según sus cuentas, “sin medidas adicionales” es imposible llegar al 5,3%, en 2012. Ni siquiera al 3% en 2013. Básicamente por un problema de ingresosen un contexto recesivo como el actual, pero también porque el margen de reducción del déficit de las comunidades autónomas (15.000 millones en sólo un año) es mínimo. En paralelo, no parecen creíbles las estimaciones del Gobierno sobre  la Seguridad Social, a quien ha asignado equilibrio presupuestario pese a que este año se destruirán más de 600.000 puestos de trabajo, según calcula el nuevo Gobierno.

En su opinión, lo más probable es que el sistema público de protección social se situé en el entorno de las “cinco o seis décimas” del PIB. Es decir, unos 5.000 millones a los que habría que sumar los 5.000 millones adicionales pactados in extremis con Bruselas. Y todo ese esfuerzo, según ha reconocido el ministro Montoro, lo va a asumir en solitario la Administración central en un contexto letal en términos económicos.

Según el BBVA, con cerca del 45% de la información referente al primer trimestre de 2012, “la previsión en tiempo real del PIB apunta a unacontracción en torno al -0,2%”. O lo que es lo mismo, en tasa trimestral anualizada, la economía se estaría contrayendo ya en torno al 0,8%.

Siete años antes

El esfuerzo es tan importante que, incluso, en términos estructurales suponeadelantar a 2012 el objetivo de lograr equilibrio presupuestario en 2020, tal y como recoge  la nueva Ley de Estabilidad. Es decir, el equilibrio se lograría -de cumplirse el 5,3% nominal- siete años antes de lo que exigen las propias leyes. Según las estimaciones del Servicio de Estudios del BBVA, “con una caída de la economía del 1,7%, cualquier déficit por debajo del 6,25% implicaría un esfuerzo fiscal en términos estructurales para 2011 y 2012superior al previsto en el Programa de Estabilidad” elaborado por el anterior Gobierno. Se trataría, por lo tanto, de un esfuerzo colosal en unos momentos recesivos como los actuales.

Y es entonces cuando surge la duda. Ya hay quien piensa que las previsiones del Gobierno de que la economía se contraerá este año un 1,7% están sesgadas a la baja, lo que significa que se comportará mejor de lo previsto. Sólo eso podría explicar que se haya aceptado el 5,3% ante Bruselas, salvo que se desmonte buena parte del Estado de bienestar -lo que no parece fácil- o se incrementen de forma relevante los ingresos. Y eso, hoy por hoy, se antoja misión imposible.

Aunque el mes de enero es poco relevante, lo cierto es que son los primeros datos de la ‘era Rajoy’, y reflejan una caída importante de la recaudación.  De nada menos que del 12,9%. La Agencia Tributaria lo achaca al fuerte incremento de las devoluciones (un 89%), a la incidencia del deterioro del empleo y del salario medio sobre las retenciones de trabajo (a lo que se añade el aumento de aplazamientos solicitados), al descenso de consumos gravados con impuestos especiales (gasolinas, gasóleos y cigarrillos) y a la comparación con un enero de 2011 que recogía importes significativos en concepto de ingresos por delito contra la Hacienda Pública. En el caso del IRPF, el descenso es del 4,5% derivado del mal comportamiento de las rentas salariales.

La subida de tipos de gravamen, en todo caso, tampoco garantiza un aumento de la recaudación. Y según los datos de la Agencia Tributaria, los ingresos totales por  impuestos especiales caen un -7,9% en enero, con descensos de los consumos sujetos superiores al 8% en Hidrocarburos (-8,3%),Labores de Tabaco (-9%) y Alcohol y bebidas derivadas (-17%). Solo el impuesto sobre la Electricidad (6,2%) crece en enero por el impulso de la tarifa eléctrica, ya que el consumo eléctrico sigue en negativo.

El debate sobre la necesidad o no de elevar los impuestos para lograr los objetivos de déficit está abierto. Pero hoy por hoy las espadas siguen en alto. Mientras que el ministro De Guindos lo ve como inevitable -en particular el IVA-, el ministro de Hacienda duda de su eficacia en un contexto de recesión como el actual. Sin contar el desgaste político de la medida que tendría para el Gobierno. Montoro, en todo caso, dijo ayer que “no habrá subidas de impuestos injustos, como fue la subida del IVA en 2010”.

El momento apropiado se podría producir en enero de 2014, que es cuando el Gobierno -según su compromiso- debe devolver los tipos marginales del IRPF a la situación de partida de diciembre de 2011. El ministro Montoro anunció que la subida sería temporal (dos años), y es entonces cuando habría margen para compensar ante la opinión pública una subida del IVA con un descenso del IRPF.