Telefónica, con el consentimiento del Rey, renovó en julio de 2011 a Iñaki Urdangarín como consejero de su división internacional, cargo que sigue ejerciendo actualmente en Washington. La reelección del duque de Palma se produjo sólo un mes después de que su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, fuese imputado por presunta apropiación de fondos públicos, y cuando los indicios delictivos contra el yerno de Don Juan Carlos eran ya abrumadores.
Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado 5 de julio, Urdangarín fue reelegido en esa fecha consejero de Telefónica Internacional tras vencer su mandato inicial de cinco años. El presidente de la compañía, César Alierta, fichó al marido de la infanta Cristina de Borbón en junio de 2006, pocas semanas después de que el ex jugador internacional de balonmano, forzado por su suegro, renunciase a todos sus cargos en el Instituto Nóos.
Alierta, atendiendo la petición expresa que le trasladó el entonces jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, nombró a Urdangarín consejero de su filial internacional, primero en Barcelona y desde el verano de 2009 en Washington. El duque de Palma, que vive en la capital federal estadounidense con su esposa y sus cuatro hijos, ejerce de representante de la multinacional española en EEUU y Latinoamérica.
El mandato de Urdangarín como consejero de Telefónica Internacional concluyó en julio del pasado año. Para entonces su ex número dos en el Instituto Nóos ya había sido imputado por el juez José Castro, y en medios jurídicos se daba por hecho que el yerno del Rey correría la misma suerte, dado que era el presidente de la entidad cuando se produjo la supuesta apropiación de fondos públicos y su posterior desvío a un entramado societario controlado por Urdangarín y Torres.
La imputación de éste se produjo en junio de 2011, después de que el juez destapase las numerosas irregularidades presuntamente cometidas por Urdangarín y su socio en la gestión de dos convenios suscritos por el Instituto Nóos en 2005 y 2006 con el Gobierno balear, entonces en poder del popular Jaume Matas, para organizar dos congresos sobre deporte y turismo. La mayor parte de los 2,3 millones de euros pagados por el Ejecutivo autonómico acabó en los bolsillos de Torres y el duque de Palma.
Renovación hasta 2016
Pese a que las pruebas acumuladas hasta junio del pasado año por el juez Castro ponían ya al descubierto -como revelaron El Confidencial y otros medios- el supuesto enriquecimiento ilícito de Urdangarín, Telefónica le renovó al mes siguiente por otros cinco años como consejero de Telefónica Internacional. La Casa del Rey fue previamente informada por la dirección de la compañía, según fuentes cercanas a la multinacional presidida por Alierta, pero el monarca no puso ninguna objeción. El nuevo mandato del duque de Palma, salvo dimisión o revocación de su cargo, concluirá en 2016.
La reelección de Urdangarín se produjo al mismo tiempo que la de José María Álvarez Pallete como presidente y consejero delegado de Telefónica Internacional, según refleja el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 5 de julio de 2011. Álvarez Pallete, hasta ahora superior jerárquico inmediato del yerno del Rey, es desde el pasado mes de octubre el nuevo responsable de Telefónica en Europa.
Un portavoz oficial de la compañía rehusó ayer hacer comentarios. Por su parte, el responsable de Comunicación de La Zarzuela, Ramón Iribarren, aseguró que la Casa del Rey “no tuvo nada que ver” en la contratación de Urdangarín. “Telefónica nunca nos ha consultado al respecto. ¿Por qué iba a hacerlo?”, añadió. Sin embargo, fuentes cercanas a la multinacional han revelado a El Confidencial que Alierta “no fichó libremente a Urdangarín; fue una decisión política, una cuestión de Estado. Y tampoco le puede despedir sin el consentimiento del Rey”.
La continuidad del duque de Palma como consejero de Telefónica Internacional colisiona abiertamente con las prácticas de buen gobierno de la empresa y, sobre todo, con el Reglamento del Consejo. El título 3º de ese reglamento, relativo al nombramiento y cese de consejeros, establece en su artículo 12 que éstos cesarán en el cargo cuando su permanencia en el mismo “pueda afectar al crédito o reputación de que goza la compañía”.
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