En su obra ¿Por qué se rebelan los hombres?, publicada en 1970, el sociólogo y profesor de la Universidad de Maryland (Washington), Ted Gurr, partía del concepto de “frustración relativa” para elaborar su análisis sobre el comportamiento colectivo y los movimientos sociales. Este concepto hace referencia a un estado de tensión, una satisfacción esperada y denegada, “generadora de un potencial de insatisfacción y violencia”.
La “frustración”, expuso Gurr, aparece cuando se produce un saldo negativo entre los valores que tiene un individuo y aquellos que él piensa que tiene derecho a esperar de su condición y su sociedad. Es “relativa” porque parte de la comparación, entre las expectativas sociales construidas y la percepción de un presente que no las satisface. A lo largo de la historia, las frustraciones han derivado en acciones, actos colectivos con el horizonte de incidir en los poderes que tienen la potestad de revertir las situaciones que dan origen a dicha frustración.
En una época como la actual, repleta de desigualdades y por tanto gran generadora de frustraciones, ¿qué influencia tienen los movimientos sociales sobre la agenda política? Bajo este epígrafe se dieron cita el pasado miércoles en el Ateneu Barcelonès la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau; el pacifista y presidente de Justicia i Pau; Arcadi Oliveres, y la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell.
“Si quieres intervenir adecuadamente debes tener una buena información, de la misma manera que si quieres curar a un enfermo es necesario elaborar un buen diagnóstico”, expuso Oliveres. El reconocido activista por la paz puso como ejemplo el desastre ecológico del Prestige, del que a finales del año pasado arrancó el juicio que sienta en el banquillo de los acusados al capitán del barco, al jefe de máquinas y al exdirector general de la Marina Mercante.
“No se está juzgando al verdadero culpable, el dueño del petróleo que pretendía hacer negocio con una embarcación que no estaba en condiciones”. Oliveres citó entonces al diario Le Monde, que publicó, durante los meses posteriores al desastre, que el Prestige pertenecía a un grupo suizo, Crown Resources, que a su vez actúa como tapadera de Alfa Group Consortium, propiedad del jefe del Estado ruso, Vladimir Putin.
Oliveres apuntó tres tipos de actuación que pueden acabar incidiendo en la agenda política: la desobediencia civil (como la oleada de objetores de conciencia que acabó por suprimir el servicio militar obligatorio en España), las campañas (conocida es la llevada a cabo por organizaciones como Amnistía Internacional, Intermón y Greenpeace que logró una mayor transparencia en la exportación de armamento) y la acción política (como la que llevaron a cabo pacifistas holandeses con los diputados de su país durante la Guerra Fría para que acabaran por romper la disciplina de voto de su partido y que vetasen la instalación de misiles norteamericanos en su territorio).
Cambiar políticas y leyes injustas
“Desde el primer día tenemos un objetivo muy claro: organizarnos para cambiar políticas y leyes injustas”, manifestó Ada Colau. La lucha de la PAH, que Colau definió como una “lucha de supervivencia”, se ha basado en objetivos a corto, medio y largo plazo. El primero de los retos, como apuntaba Oliveres, fue conocer a fondo todas las aristas de la problemática. “Teníamos que asesorarnos, formarnos para negociar caso por caso con las entidades financieras”, explicó Colau.
En la batalla de la PAH se dan los tres tipos de actuación a los que se refería el presidente de Justicia i Pau: la desobediencia civil, evitando la entrada de la comitiva judicial a los pisos de las familias que van a ser desahuciadas; las campañas, como las que llevan a cabo a través de los medios y las redes sociales; y la acción política, que la semana pasada se concretó en la entrega de más de un millón de firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso.
Algunas reivindicaciones no han estallado en su máximo potencial hasta transcurridos muchos años de trabajo. La manifestación que el pasado 11 de setiembre congregó en las calles de Barcelona a más de un millón de ciudadanos para pedir un Estado para Cataluña no habría sido posible sin las experiencias previas de la Asamblea de Cataluña durante los últimos años del franquismo o, más recientemente, el movimiento de las consultas sobre la independencia que en el 2009 se extendió por multitud de municipios catalanes.
“Conseguimos lo que conseguimos porque trabajamos sobre terreno abonado”, reconoció Carme Forcadell, presidenta de la asamblea que convocó la movilización. “Dos hechos ayudaron mucho: la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en el 2010 y la crisis económica”, señaló. “El movimiento de las consultas normalizó el independentismo y lo situó en la agenda política”.
Los tres ponentes coincidieron en destacar la importancia de la colaboración de los medios de comunicación en la difusión de las reivindicaciones. El recorrido de las manifestaciones contra la guerra de Irak en el 2013, recordó Oliveres, aparecía publicado en los principales medios de comunicación. También la marcha de la Diada fue ampliamente cubierta y difundida por la televisión pública catalana. Por ello, reclamó Ada Colau, “hace falta democratizar estos medios. Su papel es clave. La información es un bien público esencial para la democracia”.
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