HAY MOTIVOS: TOD@S A LA CALLE

Publicado: Raúl López

“No nos interesa oír hablar de los problemas económicos de los explotadores. Si la economía capitalista no es capaz de satisfacer las demandas de los trabajadores, esto simplemente es una razón más para luchar por la nueva sociedad en la que tengamos el poder de tomar nuestras propias decisiones…” – Trabajadores de las líneas aéreas portuguesas (1974).

Durante el mes de abril, el Gobierno ha aprobado diferentes medidas encaminadas a cuadrar las cuentas del Estado siguiendo la misma filosofía de los últimos meses: gastar menos (recortes presupuestarios) y recaudar más (amnistía fiscal, subida de diferentes tasas e impuestos, introducción del repago sanitario, etc.).

En este artículo vamos a hablar de ello.

¿Amnistía? Sí, pero para el dinero.
Hace unas semanas, el gobierno acordó la apertura de un período de amnistía fiscal que finalizará en el mes de noviembre.
Creemos que muchos/as nos hicimos la misma pregunta: ¿Qué es eso de la amnistía fiscal? Según los/as “expertos/ as”, es “una medida o conjunto de medidas aprobadas con el fin de condonar penas o sanciones de carácter civil y criminal a los contribuyentes, que admitan voluntariamente no haber pagado la deuda impositiva correspondiente a impuestos de períodos precedentes -o haberlo hecho parcialmente-, y que ahora declaran por entero”, es decir, aquellos/as que no hayan cumplido con sus “responsabilidades” fiscales tienen la posibilidad de regularizar su situación económica, en este caso, pagando una tasa impositiva del 10%, una cantidad claramente inferior a lo que hubieran tenido que pagar si no hubieran evadido.

A quienes escribimos estas líneas nos sorprende el cinismo de la clase política, capaz de tomar medidas de gracia con aquellas personas que han cometido delitos fiscales, mientras que quienes han cometido pequeñas infracciones, como participar en alguna protesta, no reciben ninguna clemencia por parte del Estado, sino más bien todo lo contrario. De esto sacamos una conclusión: el perdón del Estado tiene precio.

Por otro lado, es preciso anotar a quién va dirigida esta medida, pues según las asociaciones de técnicos/as de Hacienda, el 75% del fraude fiscal es responsabilidad de las grandes empresas y las grandes fortunas, lo que choca de lleno con el tópico que ha calado del autónomo que no hace facturas o la persona que hace alguna chapuza para ir tirando.

Además, el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros, pero diferentes estudios demuestran que las amnistías fiscales no obtienen los resultados esperados (ésta es la tercera que se aprueba desde la Transición), pues quienes han conseguido el dinero de una forma poco legal evidentemente muestran cierta desconfianza ante este tipo de medidas, por si pudieran provocar una futura investigación judicial, y los/as pequeños/as evasores/as poco pueden aportar a las arcas públicas. Así que el Gobierno tendrá que sacarse de la chistera otra forma de seguir exprimiéndonos.

Palos y más palos
Tras el anuncio de esta medida y de los recortados presupuestos, y sin parecer preocuparles lo más mínimo las posibles respuestas que se pudieran dar, la semana siguiente el gobierno anunciaba un nuevo recorte de nada menos que 10.000 millones de euros en sanidad (7.000) y educación (3.000), que dejó en el aire durante semanas sin dar más detalle, como si sólo quisieran ir preparando el ambiente.
Ahora ya sabemos, como era de imaginar, que en la educación este recorte (que se suma al de más de 3.400 millones acumulado en los dos últimos años en los presupuestos) pasará por aumentar el límite de alumnos/as por aula, no cubrir las bajas del profesorado de menos de dos semanas de duración, y aumentar las horas lectivas de los/as docentes.
En otras palabras: echar a la calle a miles de profesores/as, una vez más. Además “sugieren” congelar o reducir los complementos salariales, y que los centros de bachillerato puedan ofrecer sólo ciencias o letras. Todo esto, cuando el número de estudiantes en colegios e institutos ha subido en 320.000 con respecto a hace dos años.

Y como de costumbre,  justifican todas estas medidas como “urgentes” y “necesarias para salvar la educación pública”, y, confiando en la amnesia colectiva que saben que borrará sus palabras de la memoria asombrosamente rápido, prometen que muchos de estos recortes son coyunturales y serán revertidos cuando pase el temporal.

Por su parte, la matrícula de los estudios universitarios subirá, en la mayoría de casos, más de un 50%, lo que supone alrededor de 500 euros por curso.
La excusa, la de siempre: que hasta ahora “sólo” se pagaba un 15% del coste total de los estudios (como si el resto saliera de sus bolsillos y no de los nuestros).
En cuanto a la sanidad, el pasado 19 de abril la ministra reveló las medidas previstas para el anunciado recorte. De ellas, el mayor ahorro vendrá de subir el precio de las llamadas prestaciones complementarias (farmacia, complementos nutricionales, ortoprótesis y transporte en ambulancia no urgente).

El repago farmacéutico del que tanto se ha hablado (del 10% para jubilados/as que cobren pensión contributiva, y entre el 40 y el 60% para trabajadores/as en activo en función de su renta), resulta que –calculan- sólo aportará unos 160 millones de euros de ahorro, quizás por el alto coste que seguro tendrán los cambios informáticos y de tarjetas sanitarias necesarios para implantar la medida.

Pero lo más preocupante, desde nuestro punto de vista, es lo que atañe a los/as inmigrantes “ilegales”: con la excusa de controlar el “turismo sanitario” ahora no será suficiente estar empadronado/a para obtener la tarjeta sanitaria, sino que será necesario tener la residencia fiscal. Es decir, que las miles de personas que residen en el Estado sin los dichosos papeles, además de soportar los abusos diarios del trabajo ilegal, la discriminación, las redadas policiales racistas, etc., ahora sólo podrán acceder al sistema sanitario para urgencias, maternidad y atención a menores.
Y viendo que por mucho que se tense la cuerda no se rompe, prueban a tirar un poco más a ver qué pasa.  Por eso ahora los y las jóvenes, los/las estudiantes universitarias de 27 años a quienes se les ha alargado la carrera —o han decidido proseguir sus estudios o preparar una oposición—se les restringe el acceso a la sanidad les excluye como beneficiarios de la cartilla sanitaria de sus padres. Y si no trabajan o han trabajado anteriormente, el Sistema de Salud les niega la cobertura a no ser que paguen su asistencia sanitaria, ya que no están cubiertos por la tarjeta sanitaria de sus padres, y no no les queda otra que acreditar su falta de ingresos.

Por no dejarse en el tintero ninguno de los ámbitos que nos afectan  en nuestro día a día, le llegó también el turno a los recibos del gas y la luz. El primero, como ya sabemos, sube un 5%, mientras que el segundo aumenta un 7% para el consumo doméstico (mayor subida cuanto más pequeño/a seas: para pequeñas y medianas empresas fue de un 4,1%, y para la gran industria de un 0,91%). Con esta subida se han reído de nosotras/os incluso más de lo habitual, ya que en realidad se trata de una subida del 21% de los peajes de la energía (que es la parte del precio que aprueba el gobierno), mientras que la otra mitad del precio, que se aprueba en subasta trimestral, bajó en la última un 7,1%. Y con esto pasamos a pagar uno de los recibos de la luz más caros de la Unión Europea.

Y como a las mujeres ni se les hace caso y parece que ese problema no lo vemos como tal pues se hace negocio con ellas (Los diarios españoles que publican anuncios de contactos ingresan por ellos más de 40 millones de euros al año. Los directores han hecho caso omiso de la invitación del Gobierno a eliminarlos.), pues algunos piensan QUE LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS ESPAÑOLA ESTA EN LOS BURDELES. Ahora que nos enfrentamos a la crisis del cemento, tenemos la solución de los burdeles, se trata de una de las industrias más boyantes del país y está siendo una solución para algunos municipios españoles. La normalización del consumo sexual de mujeres en prostitución por parte de los varones está a la orden del día. Hojeamos la prensa y allí encontramos a las mujeres ofertadas como mercancías, conectamos la televisión, en esta ocasión PÚBLICA y nos topamos con un reportaje que anima la actividad del proxenetismo y celebra la obtención de rendimientos económicos derivados de la explotación sexual de las mujeres. El uso sexual de las mujeres deviene normalizado y el mensaje explícito que se transmite, inequívoco: los varones siguen gozando del privilegio social incuestionado de acceder por precio al cuerpo de las mujeres. Si en otras sociedades y en otras épocas ha sido por la fuerza, en esta, ¡por dinero!. Se ratifica, pues, una concepción social de las mujeres como cuerpos, e incluso como trozos de cuerpo, a los que los hombres tienen el derecho de uso para su placer.

Reflexiones
Son demasiadas cosas ya. Se están riendo de nosotros. Nos toman por estúpidas. Pero tenemos la oportunidad de demostrarles lo contrario. Vamos a por ellos. Para recuperar nuestra dignidad, por venganza, para construir otra realidad social, por lo que sea. Hay millones de razones. Cada una tiene las suyas.

Pero vamos a romper aquello que nos mantiene inmóviles, separados, aislados, asustados.  Hemos alcanzado una situación en la cual los profundos cambios que se están introduciendo son aceptados, más o menos a regañadientes, pero aceptados al fin y al cabo. Se ha normalizado y asumido un escenario de reformas y recortes, y ante cada novedad, acaba calando entre nosotras/os una resignada frustración. A pesar de que todo el mundo es consciente de la precarización creciente de nuestras condiciones de vida, no hay una respuesta masiva. Casi cada viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, recibimos el anuncio de un nuevo paquete de medidas para “hacer frente” a la actual situación de crisis económica, llegando a un punto en el que es tal la saturación de cambios que el margen de respuesta se reduce drásticamente. Cuando aún nos encontramos tratando de articular una oposición en la calle contra una recién aprobada reforma laboral, el Gobierno anuncia, por ejemplo, un enorme recorte presupuestario en el Sistema Educativo Estatal, relegando a un segundo plano del debate público la anterior medida, y lo más importante, asociando a las reformas una imagen de irreversibilidad.

La dificultad de elaborar una agenda propia o la imposibilidad de articular un discurso integral y radical que vaya más allá de la reivindicación netamente defensiva son puntos a los que se les debería dedicar momentos de reflexión y debate en aquellos espacios donde nos encontramos.

Aunque reconocemos que al final, y en cierta manera, es difícil no ir un paso por detrás de ellos/as, debemos disponer de las herramientas necesarias para que cuando den el pistoletazo de salida con la aprobación de alguna medida, no sean capaces de generar, al poco tiempo de haber aprobado la reforma, la sensación de que ya no hay nada que hacer.

Está claro que esto es debido, en parte, al papel que juegan los medios de comunicación, pues acaban siendo ellos quienes marcan los temas de conversación que aparecen en nuestros encuentros en el curro, en clase, en el metro o en casa. Pero otra importante razón es que nuestra reivindicación suele girar en torno al No a algo (No a la reforma de no sé qué, No a los recortes, etc.). Pero enarbolar una lucha con el No a tal cosa tiene ese gran peligro: su limitación a la hora de prolongarse en el tiempo. Cuando el cambio introducido que ha generado la protesta es realmente irreversible, o cuando sin serlo, en el escenario social la sensación es esa, la lucha se agota y finaliza, volviendo a empezar de cero con la siguiente medida que genere cierto rechazo social.
Si articulamos un discurso más global que trate de plantear una lucha contra la raíz del problema, es decir, si articulamos un discurso radical que ataque directamente al virus y no exclusivamente a sus síntomas, evitaremos, en  parte, este hecho, pues la lucha no se agotará hasta que todas nuestras expectativas queden resueltas.

Otro punto en el cual creemos que es necesario detenerse es el siguiente: cuando se habla de crisis, automáticamente se nos viene a la cabeza los problemas que genera el actual sistema económico. Pero nosotras/os entendemos que la crisis es mucho más profunda. Podríamos hablar de crisis medioambiental, crisis social, crisis política, etc. Por ello, insistimos en que la lucha tiene que partir de un análisis global. Los grupos de la izquierda parlamentaria o extraparlamentaria plantean una serie de propuestas para afrontar la crisis (nacionalización de la banca, un sistema fiscal más justo y progresivo, aumento de la inversión pública, etc.) que aunque puedan paliar los efectos de la actual situación económica, no llegan a ofrecer una alternativa real al centrarse exclusivamente en asuntos económicos, y sobre todo, al no cuestionar los pilares mismos de este sistema.

Nosotras/os tenemos claro que aunque tuviéramos un trabajo estable y bien remunerado, unos servicios públicos gratuitos y de calidad, y un fácil acceso a una vivienda, la lucha seguiría teniendo sentido, pues nuestra meta debe ser el recuperar el control sobre nuestras vidas y la construcción de una sociedad donde organicemos el día a día junto a nuestros/as iguales de una forma no jerárquica.