Los sueldos de alcaldes, presidentes de diputación, consejos de cajas de ahorro, etc., deben fijarse por ley, con criterios transparentes y sin acumular cargos.
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Basta ya de que cada alcalde o presidente de diputación (y tantos otros cargos públicos o semipúblicos como los de las de las fundaciones públicas) decida su sueldo con tanta “generosidad” para sí. La buena coordinación y gobierno comienza por el control del gasto de nuestros cargos públicos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debería fijar por ley un techo de sueldo para estos cargos, equiparándolos con los cargos directivos de la administración central o autonómica según criterios poblacionales, por ejemplo. Hace falta más transparencia y control para que la administración destine los fondos públicos al verdadero servicio de la ciudadanía y no al engorde injustificado de bolsillos de políticos. Y, dado que su vocación es la de ser “servidores públicos”, impídase la acumulación de cargos (=sueldos o jugosísimas dietas), en aras de una mayor dedicación a sus tareas, a ver si con eso aumentamos, además, su productividad y acierto.
Pedimos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que regule por vía normativa estos sueldos para que España entre en una vía de normalización del sector público, aclarando los criterios de servicio, transparencia y derechos derivados del desempeño de estos cargos pagados con el dinero de nuestros impuestos.
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